Por: Daniel Alejandro Oróstica Veas Profesor. Mg Gestión Pedagógica, curricular y proyectos educativos UNAB
Estudiante de Mg. Dirección y gestión pública UCEN.
Violencia intramuros: Un desafío urgente para la convivencia escolar
La crisis de convivencia que atraviesa el sistema educativo chileno suele analizarse desde el síntoma: la violencia entre estudiantes, el ciberacoso o la agresividad de los apoderados. Sin embargo, poco se habla de la enfermedad silenciosa que corroe los cimientos de la escuela: aquella violencia que emana de la propia estructura jerárquica. Hablamos de docentes, directivos e inspectores que, amparados en una visión arcaica de la autoridad, validan la agresión y normalizan el trato vejatorio.
Aunque es justo decir que son una minoría, su impacto actúa como un veneno persistente. Según cifras de la UNESCO, el clima escolar es la variable que más incide en los resultados de aprendizaje, superando incluso la disponibilidad de recursos tecnológicos. En Chile, los datos de la Superintendencia de Educación reflejan un aumento en las denuncias por maltrato, revelando que el aula, en ocasiones, deja de ser un refugio para convertirse en un espacio de vulnerabilidad.
Esta violencia «intramuros» se manifiesta en un catálogo de prácticas que ya no podemos ignorar:
- Hacia el estudiante: El grito como herramienta de control, el sarcasmo que busca la humillación pública, la burla disfrazada de «tira y afloja» y, quizás lo más grave, la minimización de las denuncias bajo el pretexto de que «así se forma el carácter».
- Hacia el colega: El amedrentamiento en consejos técnicos, la descalificación profesional frente a terceros y el aislamiento de quienes proponen formas distintas de hacer las cosas. Un estudio de Voces Docentes señala que el 60% de los profesores siente que el mal clima laboral entre pares afecta su salud mental, creando una cadena de irritabilidad que, inevitablemente, termina golpeando al eslabón más débil: el alumno.
Estos comportamientos no son más que los baches heredados de la antigua gestión de los DAEM, donde la burocracia administrativa solía asfixiar el bienestar humano y la ética del cuidado. Por ello, la transición hacia los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) no puede reducirse a un simple traspaso de contratos o un cambio de logo en el frontis de los establecimientos.
La Nueva Educación Pública tiene el mandato ético de ser el filtro que limpie estas conductas. No basta con nuevas normativas; necesitamos un cambio de paradigma donde el Buen Trato sea el eje transversal de la gestión. La autoridad pedagógica debe nacer del respeto y la admiración, nunca del miedo o la descalificación.
Hoy, el desafío es entender que sin dignidad no hay aprendizaje posible. Si queremos erradicar la violencia de nuestras escuelas, debemos empezar por mirarnos al espejo y desterrar, de una vez por todas, esa cultura del maltrato que se niega a morir en los pasillos de nuestra educación.