Lo que podría parecer un detalle técnico del plano regulador se transformó en un problema que un grupo de familias del sector Severo Vargas arrastra hace años. Sus viviendas quedaron justo en el límite entre zona urbana y rural, una línea administrativa que terminó afectando algo tan básico como el acceso seguro al agua y la electricidad.
Aunque sus terrenos figuran como urbanos, el camino sigue considerado rural. Esa diferencia provocó que los medidores no fueran instalados en cada domicilio, sino concentrados en puntos comunes a la orilla del camino, en algunos casos a más de 200 metros de las casas.
Vecinos aseguran que esto los deja expuestos. Al estar en plena vía pública, los medidores han sido manipulados y se han producido cortes intencionales. “Hay jóvenes que llegan a beber y por broma nos bajan los interruptores o nos cierran el agua”, relata uno de los afectados. Varias veces, dicen, han debido salir de madrugada para reponer sus propios servicios.
También existen consecuencias económicas. Cada parcela cuenta con una matriz subterránea que cruza el camino para llevar el suministro a la vivienda. Con el aumento del tránsito, incluyendo camiones de alto tonelaje, se han generado roturas que pasan inadvertidas. “Nos damos cuenta cuando llega la boleta, con cobros millonarios por fugas invisibles”, explican.
Regularizar la red implicaría obras costosas que no pueden asumir individualmente. Por ello, piden una definición que corrija el límite que hoy los mantiene en un vacío normativo.
Consultado por AconcaguaNews, el municipio declinó referirse al tema, señalando que se trataría de un conflicto entre vecinos y privados.
Mientras en el mapa todo parece claro, en la práctica estas familias siguen viviendo en medio de una línea que se convirtió en un problema real.
